05:18 PM Caracas.- La Sala Constitucional, en ponencia de su presidenta, magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, admitió la acción de amparo ejercida por los representantes judiciales de un grupo de ciudadanos y ciudadanas, contra la omisión de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas de ejecutar la Resolución N° 6.540 del 8 de julio de 2009, dictada por la ministra del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social, María Cristina Iglesias.

Alegó la parte accionante que la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas "no cumplió con lo ordenado en la Resolución Ministerial de restablecer a sus lugares de labores a los trabajadores y trabajadoras despedidos en el lapso comprendido entre el mes de diciembre de 2008 y el mes de julio de 2009, ambos inclusive".

Agregó la parte accionante que la decisión de la Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, declara con lugar la solicitud de suspensión de despido masivo efectuada por los trabajadores y trabajadoras agraviadas y se ordena a la mencionada Alcaldía "la reincorporación de los trabajadores y trabajadoras, con la cancelación de los salarios y demás beneficios que les correspondan y que hayan dejado de percibir desde el momento en que se realizó el despido hasta la fecha de su efectiva reincorporación".

Señaló la parte accionante que la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, "no sólo despidió ilícita e injustificadamente a los trabajadores agraviados, violando las normas de orden constitucional y derechos humanos fundamentales, también quebrantó la Ley, al colocarse en rebeldía por el desacato a la orden de restablecimiento de los trabajadores en sus lugares de labores, en los términos establecidos en la Resolución Ministerial".



Debido a lo anterior interpusieron la acción de amparo constitucional para lograr "que se le restituya sus empleos en los términos en que lo ordena la Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, según la Resolución Ministerial Nº 6540, de fecha 8 de julio de 2009, en las condiciones conferidas en la Ley, por las garantías de sus derechos de los cuales fueron privados nuestros representados, por el ilícito e inconstitucional Despido del que fueron víctimas", indicaron en su escrito el grupo de trabajadores y trabajadoras.